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La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a 26 de 54 personas que fueron acusadas por la Procuraduría General de la República como los responsables de la masacre de 45 indígenas tzotziles en el paraje de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, debido a que se violaron sus garantías y se utilizaron pruebas falsas para culparlos.

El ministro Juan Silva Meza dijo que esta resolución representa un claro mensaje del alto tribunal a las autoridades encargadas de perseguir y castigar los delitos, de que sus acciones deben respetar escrupulosamente al régimen constitucional y, por consiguiente, los derechos humanos.

Y añadió: “No hay peor injusticia que tratar de enmendarla cometiendo otra”.

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Por Rubén Mosso

Publicado el 13 de agosto del 2009