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El gobierno propone acabar el Consejo Superior de la Judicatura, reformar aspectos de la acción de tutela y que congresistas tengan doble instancia en juicios. El fin del controvertido Consejo Superior de la Judicatura, límite a las tutelas contra sentencias, origen del famoso 'choque de trenes' entre las cortes, y la doble instancia en los juicios en la Corte Suprema contra parlamentarios y otros funcionarios con fuero son el eje del "texto consultivo" de la reforma de la Justicia, que el propio presidente Juan Manuel Santos les presentó a los altos tribunales.

La propuesta, que contempla cambios a algunos artículos de la Constitución, recoge iniciativas anteriores y agrega otras que, según les dijo ayer el Presidente a los magistrados, asegurarán la armonía entre los poderes y la buena marcha de la Justicia.

Entre ellas, hay varias que generarán polémica. El Gobierno no toca el actual sistema de elección del Fiscal General, que la Corte Suprema lleva un año en ese proceso, pero sí el del Procurador General de la Nación, que en este momento es elegido por el Senado de ternas enviadas por las cortes Suprema y Constitucional y el Consejo de Estado. Si la reforma pasa, ese funcionario, que es el que disciplina a todo el Estado, sería elegido de una terna enviada por el Ejecutivo al Senado.

También se establece una veda de cinco años para que los magistrados de las altas cortes, el Fiscal, el Procurador, el Contralor, el Registrador y el Defensor del Pueblo puedan salir a hacer política.

Acabar la Judicatura

Como estaba previsto, se eliminaría la Judicatura, que hace las veces de gerente de la Rama Judicial, y se reemplazaría por un Consejo Superior Judicial en el que estarían representados los tribunales y funcionarios.

La Judicatura, que nació con la Carta del 91, ha sido duramente cuestionada, tanto por su gestión (Sala Administrativa) como por decisiones tomadas por algunos magistrados de la actual Sala Disciplinaria. La función de esta última pasaría a los tribunales y a los colegios de abogados.

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